Una de las líneas maestras en materia recaudatoria que la Agencia Tributaria se ha propouesto en el ejercicio 2021 es la lucha contra el fraude asociado al uso de dinero en efectivo, un procedimiento de pago cuyo rastreo y seguimiento es más complicado que, por ejemplo, las transferencias bancarias. Algo que va a afectar a los autónomos.
La razón es que muchos de los sectores en los que operan los profesionales por cuenta propia son en los que tradicionalmente se usa con mayor frecuencia ese dinero en efectivo, objetivo del Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021 de la Agencia Tributaria.
En dicho plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se especifica que una de las líneas prioritarias de comprobación será «en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas». En concreto, se refiere al efectivo como un uso «muy vinculado a la economía sumergida».
Este plan también confirma que se procederá ejecutar actividades de control «para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase de la cadena del IVA», con especial atención en los sectores con una mayor presencia de consumidores finales.
Según el portal especializado Autónomos y Emprendedores, desde el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) se han apuntado una serie de sectores que, en vista de estos planes de la Agencia Tributaria, estarán más sujetos a vigilancia por la mayor presencia de dinero en efectivo en la actividad del día a día.
Así, sectores como la restauración y hostelería, la construcción, el comercio, la recogida de fruta, los arreglos y reformas o las actividades inmobiliarias serán objeto de mayores pesquisas por parte de los efectivos de la Agencia Tributaria.
Esta línea de procedimiento de la Agencia Tributaria tiene lugar mientras que la ley de lucha contra el fraude se atasca en trámites parlamentarios. La ley, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2020, ha recibido cerca de 250 enmiendas y todavía no ha pasado por una ponencia que las estudie.
El texto del anteproyecto de ley, publicado en la página web del Congreso de los Diputados, aseguraba que el dinero en efectivo «facilita notablemente los comportamientos defraudatorios», razón por la cual se propuso limitar el pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose el límite actual de 2.500 para personas que no tengan la condición de empresarios y profesionales, categoría en la que están incluidos los autónomos.
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11174886/04/21/Estos-son-los-autonomos-que-son-vigilados-por-la-Agencia-Tributaria-por-usar-mucho-efectivo.html
