Con la actividad económica a medio gas y un aumento de las restricciones, y con alta incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña de Navidad, los autónomos afrontan una subida de las cuotas a pagar a la Seguridad Social por el alza de los tipos por cese de actividad y por contingencias profesionales pactados para el período 2019-2021. Así, la Seguridad Social aplica hoy un incremento retroactiva de entre 3 y 12 euros en la cuota que abonan estos trabajadores. Idéntica a la aplicada en octubre. Esto quiere decir que el colectivo pagará desde hoy entre 6 y 24 euros más que en septiembre. La cuota pasará, por tanto, de 283 euros a 289 para aquellos que coticen por el mínimo y de 1.208,9 a 1.245,4 para los que paguen el máximo.

Y no será el último recargo. En 2021 las cotizaciones volverán a subir, tal y como estaba previsto, y además se cobrarán los recargos que quedaron paralizados debido a la pandemia. Una situación que complica todavía más el delicado momento que atraviesa este colectivo, que es uno de los que más ha sufrido los efectos del coronavirus con fuerte destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, reclamó ayer al Gobierno que suspenda de manera temporal este nuevo recargo. Aseguró que cuando estas subidas progresivas fueron pactadas la situación económica de España era muy distinta a la actual. «Es un sablazo a destiempo en el peor momento», asegura Amor, que reclama «sensibilidad» al Ejecutivo. «El nuevo incremento es fruto del pacto alcanzado en 2018, cuando la economía crecía al 3%; ahora se aplica con una caída del 12%», dijo.

Esta organización ha reclamado una batería de ayudas directas al Gobierno que han tenido nula acogida. Entre ellas está bajar cotizaciones y extender los ERTE y ayudas por cese de actividad hasta el 31 de mayo. Reclaman suspender cualquier incremento impositivo o creación de nuevos impuestos, reducir el IVA a sectores como la hostelería y las peluquerías y gimnasios y un plan de ayudas al alquiler para los autónomos a los que se obligue al cierre total de su actividad. La moratoria y aplazamientos de impuestos hasta el 30 de junio es otra de las demandas, así como una reducción del 75% de la cuota mínima para aquellos cuyos rendimientos netos no lleguen al 50% del SMI.

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