La medida, motivada por la pandemia de coronavirus, afecta también otras tasas municipales cuyos periodos de pago voluntario concluyen en fechas próximas

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Hacienda y Administración Pública, ha firmado una nueva medida dentro de la estrategia para aliviar las dificultades económicas para hogares, empresas y autónomos derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. De esta forma, se ha aprobado ampliar en dos meses el periodo de recaudación voluntaria de distintos impuestos y tasas que tenían su fecha de finalización próximamente. Esta medida afecta, entre otros, al IBI, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (el conocido como «sello» o «sellito») o la tasa de basura para locales comerciales. El objetivo del gobierno municipal del socialista Juan Espadas es que las familias, empresas y autónomos «tengan más flexibilidad y un mayor margen para hacer frente a estos pagos».

La resolución firmada por la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya, afecta en primer lugar al principal tributo municipal, el IBI. El periodo voluntario para la cuota del primer semestre finalizaba de acuerdo con el calendario de pagos de 2020 el próximo día 30 de junio. Debido a la crisis sanitaria, este plazo se amplía hasta el 31 de agosto de forma que hogares, empresas o autónomos cuenten con una mayor flexibilidad para hacer frente a este impuesto municipal. En el caso del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el plazo de cobro en recaudación voluntaria finalizaba el 31 de mayo. Con esta medida, se amplía hasta el próximo día 3 de agosto con este mismo objetivo de que cuenten con una mayor flexibilidad en los pagos.

Para la tasa de basura para locales comerciales, el periodo de recaudación voluntaria finaliza el próximo 31 de marzo, por lo que la ampliación aprobada por resolución concede de margen hasta el 1 de junio para afrontar los recibos. En este caso, la Delegación de Hacienda y Administración Pública trabaja en paralelo en la aplicación de una reducción en la tasa proporcional al periodo de inactividad de los negocios que han tenido que cerrar debido al decreto de alarma del Gobierno central provocado por la pandemia debida al coronavirus.

Estos aplazamientos afectarán también a otras tasas cuyo periodo de pago coincide con los meses de mayor incidencia de la crisis sanitaria y del Estado de Alarma. Concretamente, se aplaza la fecha de pago voluntaria dos meses de la tasa por utilización de espacios en el edificio CREA; por las cocheras municipales de coches de caballos; por ocupación subsuelo, suelo y vuelo; de reserva del espacio para carga y descarga; de reserva de espacio para parada de taxis; de mercados; por uso de grúas de la Gerencia de Urbanismo; para quioscos; por artefactos industriales; por portadas, escaparates y vitrinas; por ocupaciones temporales diversas; por venta ambulante y mercadillos; por ocupación vía pública con mesas y sillas; por ocupaciones temporales diversas; por aprovechamientos permanentes de Urbanismo; por puestos de agua y masa frita; y también la tasa urbanística por vallas, andamios y cajones de obras.

Este aplazamiento es, en cualquier caso, «complementario a otras medidas fiscales de aplicación en supuestos concretos afectados por la crisis sanitaria como las reducciones en determinadas tasas de Urbanismo o Comercio proporcionales a los periodos de suspensión de la actividad provocados por el decreto de alarma del Gobierno central para frenar el avance del Covid-19», se ha expuesto este jueves por parte del gobierno municipal sevillano. «El objetivo es establecer flexibilidad, facilidades de pago y reducciones en determinadas tasas municipales para aliviar la situación económica que ha provocado para muchos hogares, empresas y autónomos la crisis sanitaria por el Covid-19. En paralelo, además, seguimos trabajando al límite de las competencias municipales y de las posibilidades legales en una completa estrategia de apoyo social y de reactivación económica para la ciudad de Sevilla», ha explicado la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya.

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