Cristina Alonso
jueves, 10 octubre 2019, 04:30
LA iNFORMACIÓN
Los gestores tachan la actuación de la Agencia Tributaria de “desproporcionada” por no hacer una depuración previa de los datos de los contribuyentes.
El envío masivo de cartas de la Agencia Tributaria a pequeños y medianos empresarios por la sospecha de que sus declaraciones de ingresos no se corresponden con la media del sector en el que operan ha dado lugar a la detección de irregularidades –en base al criterio de Hacienda– que están suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para las empresas. En muchos casos, esas misivas informativas que se lanzaron el pasado mes de mayo se han convertido ya en requerimientos y propuestas de liquidación que han provocado un aluvión de consultas a asesores fiscales, según revelan fuentes del sector a La Información
Hacienda puso la lupa sobre el pequeño comercio antes del verano. Bares y restaurantes, carnicerías, peluquerías… las tiendas del barrio se pusieron en guardia tras recibir una carta de la AEAT en la que se advertía de que se habían detectado “inconsistencias” entre la información de la que dispone el Fisco y las declaraciones de ingresos de su actividad económica, lo que suponía un “indicio de riesgo fiscal” que podía dar lugar a “los procedimientos de control tributario que sean necesarios”.
Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Esas cartas se enmarcaban en las campañas habituales de control del fraude que lleva efectuando la Agencia Tributaria desde el año 2017. Pero en esta oleada se incluyó un aspecto novedoso: la comparativa entre los datos declarados por la empresa por los ingresos en efectivo y los pagos con tarjeta y los que corresponden al sector económico y segmento de contribuyentes equiparable. De tal manera que si se incumplían esas ratios se estaba bajo sospecha de no estar declarando los ingresos adecuadamente.
Las organizaciones representativas de pymes y autónomos cargaron contra la Agencia Tributaria por enviar cartas “amenazantes”, a lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contestó que la única intención de las misivas era que las empresas se autorregulasen para que “los que pagan los impuestos religiosamente no se vean perjudicados porque haya otros negocios que no lo hacen”. En definitiva, una manera de no perder el tiempo dedicando demasiados recursos a los pequeños negocios para poder poner el foco en actuaciones de ámbito superior que involucran a compañías de mayor peso económico
Rastreo de las cuentas bancarias
Pero en muchos casos no se quedó en una mera comunicación. La AEAT se ha dedicado a rastrear las cuentas bancarias de los empresarios para comprobar si los ingresos declarados por la actividad profesional coinciden con las entradas de dinero en las cuentas de las que es titular y en las que está autorizado. “Chequeos masivos”, a ojos de Abel García, miembro de la Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales) y socio del despacho Life Abogados, que se muestra especialmente crítico con la actuación del Fisco: “Es abusiva y desproporcionada y sitúa al contribuyente en una situación de total indefensión”.
El problema con el que se han encontrado muchos profesionales de asesoría fiscal es que la AEAT ha enviado a los empresarios propuestas de liquidación en las que, a juicio de los asesores, “no se han depurado los datos previamente”. De esta manera, se han anunciado modificaciones en la declaración presentada en base a unas cifras en las que se ha imputado la totalidad de las entradas de dinero en las cuentas bancarias del contribuyente como rendimiento de la actividad profesional.
En un caso concreto de un contribuyente profesional al que ha tenido acceso este medio a través de la carta remitida por la Agencia Tributaria constan como rendimientos de la actividad económica ingresos de todo tipo, incluidos los derivados de cancelaciones de IPF (Imposición a Plazo Fijo) de los que era titular, retrocesiones de comisiones bancarias, abonos de facturas de compañías suministradoras (luz y teléfono) e incluso las devoluciones del IRPF realizadas por la propia AEAT.
Casos como este han supuesto una carga importante de trabajo para los asesores fiscales, que se suma a todas las consultas que ya tuvieron que atender cuando los pequeños empresarios se echaron a temblar tras recibir las primeras cartas informativas. Entonces reinó la incertidumbre sobre las ratios del sector, al no explicar la AEAT cómo se habían obtenido ni si se exigía que declarasen lo mismo que estas supuestas medidas sectoriales. Ahora denuncian que los chequeos posteriores se han hecho sin depurar los datos y han provocado que los asesores tengan que hacer frente a una “carga probatoria bestial” para justificar en sus alegaciones los miles de euros imputados que no corresponden a rendimientos de la actividad económica profesional.
A juicio del socio de Life Abogados, el contribuyente se encuentra en una situación de “absoluta indefensión” ante los “abusos” de la Agencia Tributaria por no estar capacitado para responder por sus propios medios a este tipo de requerimientos en un plazo de diez días. Hacienda, mientras tanto, sale ganando, pues según las estimaciones de García, “el envío masivo de estas notificaciones ya supone un retorno automático si de manera sistemática solo se presentan alegaciones en un 80% de los casos, frente a un 20% que no se defienden. “Es una lucha sin cuartel para elevar la recaudación a cualquier precio, y sale rentable”, zanja.
